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Sustenta dichas pretensiones, resumidamente, en que en fecha 29 de enero de 2018 otorgó un préstamo a la entidad" GRUPO PRADENA GESTIONES E INVERSIONES INMOBILIARIAS" ( en adelante G. PRÁDENA) por importe de 175.000 € con vencimiento de 30 de septiembre de 2018. Dicho préstamo resultó impagado o que motivó que el 28 de marzo de 2019, suscribiera un reconocimiento de deuda con D. Baltasar, que actuaba por un lado, en su condición de administrador solidario y en nombre y representación de la entidad EL EQUIPO SOLAR XXV y simultáneamente actuaba además en nombre y representación de la prestataria G. PRÁDENA, de la que era también administrador solidario. En dicho acto, se reconoce que la cantidad debida al prestamista, que en ese momento ascendía 195.347,95 €, le sería reintegrada mediante transferencia bancaria antes de 1 de septiembre de 2019, avalando y afianzando solidariamente, adicionalmente a los avales ya existentes, la entidad EL EQUIPO SOLAR el pago de dicha cantidad, en garantía de lo cual esta entidad emitió cuatro pagarés y presentado el primero de ellos el día 20 de septiembre de 2019, por importe de 100.000 €, para su ingreso en la cuenta bancaria de su titularidad e ingresado su importe en ésta, la entidad demandada procedió a retener y bloquear esa cantidad, impidiéndole disponer de dicho importe a pesar de haber descontado el mismo en las cuentas de "EL EQUIPO SOLAR"; sin que para ello existiera causa justificada, ni medida cautelar que lo ampare, a pesar de haberse seguido actuaciones penales, entabladas por quien en esas fechas ( septiembre de 2019) ostentaba la condición de administrador de EL EQUIPO SOLAR, frente a D. Baltasar, que fue quien firmó el reconocimiento de deuda en nombre de la prestataria (PRADENA) y de la avalista y fiadora (EL EQUIPO SOLAR).

La entidad demandada se opuso a dichas pretensiones. Admitiendo no pertenecerle el importe del pagaré, señala que no le ha sido posible aclarar quién es el legítimo acreedor del mismo, por lo que al amparo de lo establecido en el art. 1.176 del cc, consigna en este momento, dicho importe en la cuenta del Juzgado para su entrega al legítimo acreedor. Pone de manifiesto la existencia de serios motivos para dudar de la corrección de la emisión del pagaré ingresado en la cuenta del demandante y de la procedencia de liberar el bloqueo efectuado por su parte y sostiene que su actuación estaba justificada ante la existencia de una denuncia formulada por el administrador de "EL EQUIPO SOLAR" y la comunicación que le remitió dicho representante, solicitando se reponga dicha cantidad en su cuenta. Pone igualmente de manifiesto la existencia del procedimiento de concurso abreviado referido a la entidad EL EQUIPO SOLAR en el que la Administración concursal ha solicitado se califique el concurso como culpable, siendo la persona afectada Don Baltasar. También pone de manifiesto, haberse presentado una demanda por los mismos administradores concursales ejercitando la acción rescisoria del contrato de 28 de marzo de 2019.

La sentencia de primera instancia estimó la demanda. Dejando sentado que no es objeto de este procedimiento analizar la causa subyacente al reconocimiento de deuda y no constando acreditado connivencia del demandante con D. Baltasar, considera a éste un tercero de buena fe que ingresa un pagaré emitido por quien asumió la condición de garante solidario del reconocimiento de deuda. Por otro lado, señala que no se ha instado por quien es el administrador único de esa entidad la nulidad del préstamo de 2018, ni del reconocimiento de deuda de 2019, así como que las actuaciones penales se iniciaron con posterioridad al ingreso del importe del pagaré en la cuenta del demandante y en ellas no se hace referencia, ni analiza, al pagaré en cuestión. Finalmente y en relación a la demanda presentada ante los juzgados de lo mercantil ejercitando la acción rescisoria de las garantías prestadas por EL EQUIPO SOLAR y el reintegro por parte del aquí demandante del porte del pagaré en cuestión, considera que la condena que aquí se pudiera imponer al Banco, de reintegrar al demandante la cantidad de 100.000 €, no impediría hacer efectivas la declaración de ineficacia del préstamo y reconocimiento de deuda, ni la condena a reintegrar instadas en el Juzgado mercantil.

Dictada la sentencia en fecha 22 de octubre de 2021, el 19 de noviembre de 2021, la entidad ABANCA presentó escrito solicitando la suspensión de las actuaciones por prejudicialidad civil, con base en la demanda presentada por la Administración concursal de EQUIPO SOLAR instando la ineficacia de las garantías prestadas por la concursada en el contrato de 28 de marzo de 2019 y la condena al aquí demandante a reintegrar a la masa la cantidad de 100.000 €, correspondientes al pagaré y la entrega de los otros tres pagarés en su poder.

En fecha 22 de noviembre de 2021 se interpone recurso de apelación por la entidad ABANCA frente a la sentencia dictada en este procedimiento. Alega como motivos de impugnación:

1.- Error en la valoración de la prueba. Existencia de justificación suficiente para que ABANCA procediera al bloqueo del pagaré.

2.- Subsidiariamente indebida imposición de ostas al entender existen dudas de hecho.

Formulada oposición a la solicitud de prejudicialidad, el Juzgado en fecha 15 de diciembre de 2021, dictó auto denegando dicha suspensión

Mediante providencia de fecha 21 de diciembre de 2021 se tuvo por interpuesto recurso de apelación frente a la sentencia de 22 de octubre anterior, oponiéndose al mismo la parte demandante, interesando su desestimación y la confirmación de la sentencia apelada.

SEGUNDO.- Delimitadas en los precedentes términos el objeto del presente recurso y consentida por las partes la decisión de no suspenderse las actuaciones adoptada en el auto de fecha 15 de diciembre de 2021, antes de tener por interpuesto el recurso de apelación frente a la sentencia, examinado nuevamente todo lo actuado en primera instancia, compartimos la conclusión que obtiene la juzgadora de primera instancia, lo que permite anticipar que el recurso se va a desestimar, con base en lo que se indica a continuación.

No constituye objeto del presente procedimiento la condena a la entidad demandada a abonar una determinada cantidad de dinero, sino la declaración de haberse efectuado indebidamente la retención o bloqueo de la cantidad ingresada en la cuenta del demandante procedente de un pagaré y aunque es cierto que, sustentada la decisión de la demandada de bloquear el importe ingresado en la cuenta del demandante, en las dudas que para ella se planteaban a la vista de la forma en que se concertó el contrato de préstamo y posterior reconocimiento de deuda y la intervención en ambas actuaciones, del administrador solidario de las entidades prestataria y avalista, así como en las denuncias y actuaciones penales incoadas con posterioridad, relacionado todo ello con las actuaciones del anterior administrador de PRÁDENA y en la comunicación que recibió la entidad bancaria del administrador de EL EQUIPO SOLAR, que sucedió al anterior, la controversia aquí planeada debe analizarse partiendo de los derechos y obligaciones que para cada una de las partes aquí enfrentadas, se deriva del contrato de cuenta corriente concertado entre ellas, que es la única relación jurídica que les vincula; de manera que como se indica en la sentencia apelada no es objeto de este procedimiento analizar la causa subyacente al reconocimiento de deuda o a la asunción de garantías por parte de la avalista y garante de dicho reconocimiento; de manera que admitido por ambas parres, la validez y eficacia del pagaré cuyo importe se hizo efectivo mediante el ingreso en la cuenta corriente del demandante, la controversia no puede resolverse tan solo, partiendo de la consideración de tercero de éste, respecto de la problemática existente entre los integrantes o socios de la entidad GRUPO PRÁDENA, o de la relación existente entre sus socios y administradores, sino analizando si la decisión de bloquear el importe del pagaré, encuentra justificación con base a dicho contrato de cuenta corriente.

El contrato de cuenta corriente se ha venido definiendo por la doctrina y jurisprudencia, como un contrato de gestión, en virtud del cual el Banco se compromete a realizar por cuenta de su cliente cuantas operaciones sean inherentes al servicio de caja, realizando las correspondientes anotaciones contables y actuaciones acordes a las órdenes del titular de la cuenta, lo que presupone la existencia de disponibilidad de fondos en poder del Banco y a favor del cliente que con él lo estipula. De ahí que no pueda existir aislado, sino unido a otro contrato u operación activa o pasiva que crea aquella disponibilidad. Suele superponerse como pacto accesorio a un contrato de depósito de dinero a la vista o a una apertura de crédito, razón por la cual la doctrina ha afirmado que la cuenta corriente es un contrato autónomo - por razón de su contenido -, pero dependiente, superpuesto o accesorio, de aquellos contratos, sin los que no puede existir y a los que suele ir siempre unido, para mayor comodidad de los clientes de los Bancos u otras entidades financieras.

En el supuesto aquí analizado, la entidad ABANCA, en virtud de este contrato, efectuó el ingreso del importe del pagaré en la cuenta del demandante y ello tras comprobar y admitir que el pagaré presentado reunía los requisitos precisos para hacerlo efectivo; de manera que una vez realizado el ingreso, la disponibilidad del importe correspondía al titular de la cuenta, a menos que exista una causa justificada para retenerlo. Al respecto, la apelante señala como primera causa para bloquear el importe del pagaré, el hecho de que no se haya aportado el contrato de préstamo concertado en el año 2018, lo que aparte de ser innecesario, no es así en cuanto consta aportado el mismo a folio 194 de las actuaciones remitidas por el juzgado. Por tanto no se aprecia el error que sobre valoración de la prueba se denuncia por la apelante, con base a esa no aportación del contrato. Por otro lado, respecto de las dudas que sobre la legalidad de las contrataciones o actos que motivaron la emisión del pagaré, se plantearon a la demandada y que le sirvieron de base o justificación para el bloqueo cautelar, las mismas no se han visto confirmadas ni ratificadas por decisión judicial alguna y ni siquiera cuando las actuaciones penales se archivaron, la demandada desbloqueó la disponibilidad del importe del cheque, por lo que no cabe entender justificado el mantenimiento o prolongación del mismo.

Sin perjuicio de lo que pudiera acordarse en el procedimiento instado, con posterioridad a la demanda que dio inicio a las presentes actuaciones, ante el Juzgado de lo mercantil por la Administración concursal de la entidad EL EQUIPO SOLAR y en el que se interesa la rescisión de las actuaciones o contrataciones que motivaron la emisión del pagaré, aparte de ser firme la denegación de suspensión de este procedimiento por prejudicialidad civil, la decisión que allí pudiera adoptarse respecto de la rescisión o reintegro interesado, no es obstáculo para el dictado de la presente sentencia, mediante la que se declara improcedente el bloqueo decretado por la demandada de una determinada cantidad ingresada en la cuenta del demandante y la obligación de la demandada de poner dicha cantidad a su disposición, tal como se aprecia también en a sentencia de primera instancia.

El artículo 394.1 de la LEC establece como regla general, en materia de imposición de costas, la del vencimiento objetivo, si bien señala como excepciones a su aplicación, aquellas en que el Tribunal aprecie y así lo razone, que el caso presenta serias dudas de hecho o de derecho. Como señala reiterada jurisprudencia, se trata de la denominada discrecionalidad razonada, cuya finalidad última es la de evitar que el sistema del vencimiento sea una consecuencia fatal y automática, desconectado del asunto, sino que estando ligado a él, pretende conseguir que sea más justo, al permitir valorar las causas concretas y específicas que originaron el proceso, la complejidad fáctica o jurídica, o la razón de traer a determinadas personas, pero siempre entendiendo que el criterio general es el del vencimiento, de modo que la excepción no ha de entenderse referida a supuestos poco frecuentes, sino a que su admisión exige que concurran circunstancias de extraordinaria importancia ( Sentencia en de la Sección 10 de esta Audiencia Provincial de Madrid de 18 de mayo de 2.011, entre otras muchas).

La aplicación de esos criterios, en cuanto excepción al principio general del vencimiento objetivo, deben ser de interpretación restrictiva y, además ser fundadas y razonables; es decir en términos de objetividad, ajenos a la incertidumbre que todo proceso conlleva, en cuanto la duda de hecho constituye una indeterminación o vacilación, sobre unos hechos concretos, que no se pueda despejar fácilmente, de tal modo que la parte se haya visto abocada a acudir al proceso judicial, sin poder aclararlos o como medio para ello. Además, es preciso también que la duda sea seria, es decir, que sea trascendente, importante, grave y digna de consideración. En definitiva, que la tarea de fijación de los hechos controvertidos esenciales en la Sentencia, haya resultado especialmente difícil, intensa y compleja.

QUINTO.- Lo anteriormente indicado nos lleva a desestimar el recurso, lo que conlleva la imposición de las costas causadas en esta alzada a la arte apelante, con base en lo establecido en el artículo 398.1 de la LEC, así como la devolución del depósito constituido para recurrir, ante el Juzgado de primera Instancia, en base a lo establecido en la Disposición adicional 15ª de la LOPJ.